Fuerte reclamo al Ministerio de Desarrollo para incluir a víctimas de violencia en el plan Potenciar Trabajo
Así lo indica María José Zochi de Mumalá, quien señala que en el departamento San Martín son 40 personas en situación de violencia de género y vulnerabilidad que, desde hace dos meses, esperan una respuesta.-
Dado el aumento de casos de violencia de género durante la cuarentena y la situación a la que se ven expuestas las víctimas en el marco del encierro a causa de la pandemia por COVID-19, la organización MuMaLá solicitó la asistencia económica directa a personas en situación de violencia y a familiares de víctimas de femicidios.-
En respuesta a este planteo, en conversaciones mantenidas con funcionarias del gobierno nacional surgió la posibilidad de incluir a víctimas de violencia de género en el programa «Potenciar Trabajo» del Ministerio de Desarrollo Social.-
El programa Potenciar Trabajo reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario y busca avanzar en la conversión de planes sociales para poner el foco en la empleabilidad y las propuestas productivas, con el objetivo de promover inclusión social y mejorar los ingresos.
María José Zochi de la organización Mumalá relata: «exigimos respuestas a nivel nacional luego de dos meses del encuentro con el ministerio de Género, reclamamos al gobierno el acceso al Programa Potenciar Trabajo para víctimas de violencia machista, sin burocracia ni clientelismo».-
«A principios de abril nos entrevistamos con funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, en respuesta a una carta enviada al Presidente de la Nación, solicitando medidas urgentes en el marco de la pandemia por COVID-19. Entre ellas la asistencia económica directa a personas en situación de violencia machista y a familiares de víctimas de femicidios. Las funcionarias nos mencionaron la posibilidad de incluir a víctimas de violencia de género en el PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO del Ministerio de Desarrollo«.
En cuanto al Departamento San Martín resalta que: «Presentamos para la gestión del recurso de manera directa ante el Ministerio de las Mujeres, un listado con más de 500 personas en situación de violencia de género, contactadas a partir del trabajo territorial de nuestra organización en todo el país, y otras 600 mujeres en extrema vulnerabilidad económica que sin duda requieren de la asistencia del Estado.- De las cuales , casi 40 corresponden a personas del Departamento San Martín: Sastre, San Jorge, Cañada Rosquin y Casas«.-
«Pronto se cumplirán dos meses de esa presentación, y seguimos sin ningún avance en concreto. Sin embargo, vemos cómo organizaciones sociales cercanas al gobierno y el propio Ministerio difunden por redes la convocatoria para la inscripción al programa».-
Y detalló la coordinadora de Mumalá: «Sabemos que la pandemia agravó la violencia machista en muchísimos hogares que se encuentran en situación de pobreza e indigencia, y la crisis económica dificulta las salidas posibles, sobre todo cuando hay hijes o se depende de los ingresos del agresor. Si bien este Programa no es la solución definitiva, sin duda representa una ayuda».-
«Nos parece lamentable que medidas destinadas a un tema tan delicado que se cobra vidas, como es la violencia de género, tenga estas dilaciones burocráticas por parte del gobierno, o lo que es peor, que estén atravesadas por intereses mezquinos o clientelares».
«Exigimos el ingreso inmediato al Programa Potenciar Trabajo de las víctimas de violencia de género, sin burocracia ni clientelismo.- Solicitamos el diseño de políticas de fortalecimiento económico adecuadas a la realidad de las personas en situación de violencia machista».-
La idea era que las mujeres que son víctimas de violencia de género no tengan que depender del ingreso de quien las violenta, que en muchos casos no les permite trabajar. Además, Zochi indicó que «también se pretendía incluir a aquellas que «son víctima de violencia de género que se han ido de sus casas o mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad, que estén solas con sus hijos y que viven una pobreza estructural».
